Los recientes comentarios del presidente Gustavo Petro han generado inquietud en el ámbito empresarial colombiano. Cada vez que el presidente realiza un discurso o una declaración, los medios de comunicación reportan preocupaciones entre los empresarios y los gremios. Hay inquietud en la posible intervención del Gobierno Nacional en el mercado inmobiliario.
Aunque Petro no ha mencionado explícitamente una intervención, algunos actores del sector lo han interpretado de esa manera. Esta preocupación surgió a raíz de sus declaraciones durante la sanción de la nueva Ley de Pensiones, en las que el presidente señaló: “Los arrendadores están cobrando más por el alquiler que el aumento en los precios (…). Hay especulación con la propiedad inmobiliaria, el Gobierno debe reformar el mercado inmobiliario si persiste la especulación”. Este mensaje ha alarmado al gremio inmobiliario, por la posible intervención o reforma en el sector, especialmente porque Petro ha indicado que los arriendos están contribuyendo a la inflación.
Un aspecto a considerar es que el aumento en los arriendos urbanos se situó en 8,07% hasta junio de este año, superando la inflación anual de 7,18% en Colombia. No obstante, Mario Ramírez, presidente de la Federación Colombiana de Lonjas de Propiedad Raíz (Fedelonjas), explica que en julio de 2024 la variación mensual del IPC fue 0,20%, la variación año corrido fue 4,32% y la anual 6,86%. permitido por la ley a principios de año, lo que sugiere que no hay anomalías significativas al IPC del 2023 que fue del 9,28% anual.
Este incremento se fundamenta en la Ley 820 de 2003, que regula el arrendamiento de viviendas urbanas en Colombia, estableciendo derechos y obligaciones tanto para arrendadores como arrendatarios, como la fijación del precio del arriendo, la duración del contrato y las condiciones de habitabilidad. Federico Estrada, gerente general de la Lonja Propiedad Raíz de Antioquia, coincidió con Ramírez, explicando que el aumento en los arriendos es más visible debido a que la inflación actual es más baja que la del año anterior.
Además, Fedelonjas informó que, a junio de 2024, la relación entre el canon mensual y el valor comercial de la vivienda en distintos estratos no supera el 0,59%, manteniéndose por debajo del 1% establecido por ley.
Preocupaciones sobre una posible intervención
Dada esta situación, los actores del mercado inmobiliario que hablaron y expresaron su preocupación por una posible intervención del Gobierno Nacional, advirtiendo sobre las repercusiones negativas que podría acarrear. El gerente de la Lonja antioqueña mencionó que intervenciones similares en otros países no han tenido buenos resultados. Citó la Ley de Alquileres en Argentina, que intentó controlar los aumentos en los arrendamientos, pero llevó a una reducción en la oferta de viviendas y un aumento en los precios. Este enfoque fue derogado en diciembre de 2023 por el presidente Javier Milei. Por lo tanto, sugirió que la mejor manera de controlar los precios de las viviendas y los arrendamientos es incentivar la construcción, facilitar el acceso a la vivienda y promover un entorno de inversión seguro.
Desbalance entre oferta y demanda
El sector inmobiliario también enfrenta un desbalance entre oferta y demanda que podría aumentar los precios si no se aborda. Se destacó que la oferta de viviendas residenciales para alquiler está disminuyendo debido al aumento de rentas cortas o viviendas turísticas ofrecidas a través de aplicaciones móviles. Quienes antes alquilaban a largo plazo están cambiando a este modelo más rentable, lo que afecta los precios, especialmente considerando que más del 60% de los colombianos viven en alquiler.
Un apartamento de aproximadamente 70 metros cuadrados en estrato cuatro o cinco puede alquilarse por $3,5 millones al mes en el modelo tradicional, pero puede duplicar ese valor en rentas cortas. La oferta de rentas tradicionales podría haber disminuido entre el 30% y el 40%. Este desbalance impulsa el aumento de precios en los arriendos.